Alza eléctrica versus pobreza energética

El precio de la energía eléctrica continúa su escalada sin freno, y en julio se aplicará un nuevo ajuste tarifario que eleva las cuentas en un 7,3% en promedio. Este aumento golpea duramente a las familias más vulnerables y a la clase media, que muchas veces queda excluida de beneficios sociales y políticas públicas.

Esta vulnerabilidad de la población en materia económica pone en énfasis un concepto clave: la “pobreza energética”. Referida no solo a las limitaciones en el acceso físico a la energía eléctrica, sino que también en las condiciones, precarias o costosas, que vuelve insostenible cubrir económicamente los costos de esta. Lo que ha llevado a muchas personas, en pleno 2025, a limitar su consumo eléctrico.

Y surge por tanto inevitablemente la pregunta: ¿Son estos altos costos proporcionales al servicio que se entrega? La respuesta, claramente, es no.

Así se evidenció en el reciente sistema frontal que afectó a la región del Biobío, que dejó a miles de familias sin suministro eléctrico en sectores urbanos y principalmente rurales, contingencia, que en algunos casos se extendió por más de una semana.

La indignación ciudadana, llevó a que personas agobiadas, por los prolongados cortes de energía eléctrica y falta de soluciones, salieran protestar. Como ocurrió este sábado recién pasado, donde vecinos del Sector Chacayal Norte, en la comuna de Los Ángeles, cortaron la ruta camino Antuco.

La incapacidad de las empresas eléctricas para responder eficazmente a esta emergencia, plantea interrogantes sobre la fragilidad de la infraestructura eléctrica y su capacidad de transmisión. Además, pone en evidencia que los protocolos y respuestas postemergencia han sido totalmente ineficientes.

La desconexión, entre lo que se cobra y el servicio que realmente se entrega, es hoy más nunca, inaceptable. Ya que mientras las cuentas suben, la calidad del servicio baja. Es necesario garantizar estándares de calidad y regulaciones en materia tarifaria, actualizando contratos que hoy, solo benefician a las generadoras y distribuidoras eléctricas, en detrimento de la alicaída economía familiar del país.

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