Déficit habitacional. Una crisis que profundiza la desigualdad
El déficit habitacional no es sólo una estadística, es el reflejo de un abandono sistemático y de políticas públicas insuficientes. Detrás de cada número hay historias de vida marcadas por el dolor, la precariedad y el desamparo. La reciente muerte de un vecino del campamento La Antena, en San Rosendo, se ha transformado en el epitafio del drama habitacional que viven miles de familias en la región del Biobío y el país.
Hoy, las 101 familias que habitan los campamentos, La Antena y Matadero enfrentan un inminente desalojo, luego que un informe emanado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtiera el riesgo de remoción en masa del terreno.
¿La solución propuesta? Subsidios de arriendo para quienes cumplan con los requisitos. Pero, en contextos como San Rosendo, donde la oferta de arriendos es prácticamente nula, esa medida resulta inviable y solo profundiza el desarraigo y la incertidumbre.
El problema no es aislado. El Biobío concentra actualmente 220 campamentos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo Chile, con cerca de 10 mil familias viviendo en la precariedad.
Pero, hagamos memoria y recordemos los compromisos del actual Gobierno en materia habitacional. 260 mil viviendas era la promesa durante su período. Hoy, la meta se redujo a 200 mil, incluyendo, obras heredadas de la administración del Presidente Sebastián Piñera y programas, como el Subsidio de Arriendo, que originalmente no estaban contemplados. Una modificación que, más allá del discurso, deja a miles de familias en el abandono.
El reciente estudio Evaluación y Desafíos para potenciar el Programa DS19 de la UDD, expuso trabas estructurales como los altos costos de construcción, escasez de suelos habilitados, dificultades de financiamiento, y la eliminación progresiva del Crédito Especial para Empresas Constructoras. Hace cinco años, la partida de viviendas DS19 eran más de 30 mil a nivel nacional; hoy no superan las 15 mil. En la región del Biobío, la oferta se redujo de 2 mil viviendas en 2022 a menos de 900 en 2025.
Superar el déficit habitacional exige más que promesas. Urgen cambios estructurales evitando el centralismo. Medidas como la actualización de los Planes Reguladores Comunales, fortalecer el Subsidio DS19 y la implementación de planes regionales diferenciados son medidas efectivas para corregir esta crisis habitacional. La vivienda no es solo un derecho, es la base sobre la cual se construye la dignidad, la seguridad y la proyección de futuro de miles de familias. Ignorar esta urgencia es seguir perpetuando la desigualdad.
